Hace ya un tiempo que, se han levantados voces de ideólogos del sistema neoliberal, a defender a ultranza la libertad de enseñanza.
Los defensores de esta propuesta, han utilizados las mas variadas argumentaciones para justificar la subvención al privado.
Para sostener esta peculiaridad de la libertad de enseñanza, sostienen que, todo aquello que es abierto al público es considerado ámbito público, esta metáfora es para fundamentar que la educación privada propiamente tal, debe ser subvencionada por el Estado, han llegado incluso más lejos, a declarar que esta tesis es avalada por propio Aristóteles.
Lo que ellos han olvidado en su argumentación, que la escuela pública no es sólo genérica su concepción de público, sino que no tiene dueño en particular, en lo fundamental, que en esencia pertenece a la comunidad nacional. Y tiene por mandato jurídico estrechar las brechas de las asimetrías sociales, culturales y económicas.
La ideología del estado subsidiario, exprese en lo sustancial: el estado sólo se hace responsable y asume su rol protagónico en aquellas funciones de interés público, ocupando el espacio social que las empresas privadas no quiere o no pueden hacerse cargo. Luego, las empresas particulares, no asumen la educación de quienes no pueden pagar por ella.
El estado debe ser el asegurador de una educación de calidad para toda la sociedad. El tiene el deber ético, para generar políticas públicas para los que no puedan o no quieran pagarla, a tener acceso a una educación de calidad, y solo bajo esta condición existirá libertad de enseñanza.
Es por ello que, uno de los pilares de la reforma de la educación es la Equidad, este es un valor de connotación social. Se trata de la constante búsqueda de asegurar a todos las mismas oportunidades de aprendizajes.
Para terminar con la asimetría del capital cultural, la comunidad exige el derecho a la educación para todos, en calidad y cobertura, y, al mismo tiempo, este derecho a la educación sólo puede ser garantizado por el Estado, como entidad encargada de mediar y representar el interés general de la comunidad. Esto no implica, por cierto, que con ello no exista más la libertad de enseñanza o no pueda ejercerse.
